jueves, 29 de noviembre de 2012

EL FUTURO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN COSTA RICA

Costa Rica se encuentra en una etapa en la que busca desarrollar diversas medidas para el fortalecimiento de la gestión tributaria, lo que permitiría una mejor recaudación de impuestos, elemento esencial para el crecimiento y desarrollo de cualquier país.
Sin embargo existen ciertas medidas jurídicas que en lugar de ayudar al crecimiento del país, podrían provocar un estancamiento de la actividad comercial del país, esencialmente, en aquellos negocios que se pretendan realizar con la utilización de la sociedad anónima como figura jurídica.

Dentro de los cambios mencionados, entró en vigencia en vigencia La Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria (Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria Costa Rica) la cual reforma varios artículos del Código de Comercio costarricense y se reforman varios artículos del Código de Normas  y Procedimientos Tributarios.
Es en este código tributario se reforma el artículo 22, referido a la Responsabilidad solidaria sobre deudas líquidas y exigibles, el cual una vez reformado menciona lo siguiente:
"Quienes adquieran del sujeto pasivo, por cualquier concepto, la titularidad de bienes o el ejercicio de derechos, son responsables solidarios por las deudas tributarias líquidas y exigibles del anterior titular, hasta por el valor de tales bienes o derechos.
Para estos efectos, los que sean socios de sociedades liquidadas, al momento de ser liquidadas, serán considerados igualmente responsables solidarios.”

Sin lugar a dudas la redacción del artículo no es clara, y manifiesta el peligro que pueden correr los socios, quienes al ser liquidada la sociedad, van a ser considerados de forma personal como responsables solidariamente.

Este tipo de normas están provocando que se rompa el principio esencial y por el cual existen las sociedades anónimas, el principio de independencia del patrimonio del socio, de los bienes y acciones realizadas por la sociedad.

 Consecuentemente con estos hechos jurídicos, Costa Rica esta padeciendo un  retroceso en tema de negocios e inversión, aún mas si empezamos a mirar lo que están haciendo otros países, los cuales están desarrollando una gran estructura jurídica y organizativa para hacer negocios, algo esencial en un mercado que mueve miles de millones en negocios diariamente.

Los inversionistas y empresarios lo pensarán mucho antes de hacer negocios en Costa Rica, a sabiendas de que no existe protección y separación entre lo que es la persona física y la jurídica, y con ello correr el riesgo de ver afectado su patrimonio personal por el hecho de que jurídicamente el articulo 22 está eliminando esta separación de acciones, y provocando incertidumbre lo cual es muy peligros si el país pretende estar a la vanguardia en los negocios en centroamerica.

Es imperante para el crecimiento económico de Costa Rica, realizar una fuerte y detallada revisión de esta normativa y de toda aquella que tienda a cerrar las oportunidades de negocios para el país.

Las sociedades anónimas nacieron con el fin de realizar negocios, y proporcionar a las personas físicas una forma de separar sus bienes personales de sus inversiones en los negocios. De esta manera se debe tener cuidado de no desnaturalizar la figura de las S.A., de lo contrario no tendría ningún beneficio utilizar esta figura, ya que se le está desnaturalizando.

Lic. Federico Carrera  R.
 Asesor Jurídico      
Dir. Ejecutivo AFODCIL
Tel: (506) 2255-2452
Web: http://afodcil.weebly.com/
afodcil@gmail.com

miércoles, 10 de octubre de 2012

REGISTRO DE BIENES MUEBLES DE COSTA RICA EMITE CIRCULAR QUE MODIFICA PAGO DE IMPUESTOS POR TRASPASOS DE BIENES EN FIDEICOMISO


El pasado 4 de octubre de presente año 2012, el Registro Nacional de Bienes Muebles de Costa Rica, emitió la circular número DRBM-CIR-004-2012, en la cual se establece que a partir del 28 de Septiembre del 2012 y tomando en consideración la reforma a la ley número 9069 “Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria” estableció que a partir de la fecha mencionada no se eximirá del pago de impuestos y timbres a los bienes traspasados mediante fideicomiso, como hasta antes del día 28, la ley lo permitía.

Anterior a esta circular, muchas personas utilizaban la figura del fideicomiso de administración para economizar o evitar el pago de los impuestos y timbres al Registro Nacional de Costa Rica, los cuales en algunos casos eran montos muy elevados, dependiendo de los montos de los bienes.

La circular en mención establece lo siguiente respecto a los traspasos en fideicomisos:

“La Ley No. 9069 reformó el artículo 662 del Código de Comercio que contenía la exención de todo pago por concepto de derechos de Registro y demás impuestos en las inscripciones de bienes fideicometidos a favor de fiduciarios de fideicomisos.

En el párrafo primero de la actual redacción de ese numeral, en lo que a este Registro resulta aplicable, se dispone: “(…) No podrá el fideicomitente formar parte conjunta o separada del fideicomisario ni el fideicomisario podrá formar parte conjunta o separada del fideicomitente”

A su vez señala el párrafo segundo: “(…) Los bienes muebles e inmuebles fideicometidos a favor de un fiduciario, que permanezcan en un fideicomiso, debidamente inscrito en el Registro Público y constituido al amparo de la legislación que se reforma, cuando el fiduciario los traspase a un tercero diferente del fideicomitente original deberá cancelar la totalidad de los cargos por concepto de derechos de registro y demás impuestos que correspondan por esa segunda inscripción, incluido el impuesto sobre traspasos de bienes inmuebles y el impuesto sobre la transferencia de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones, cuando corresponda.”

Al tenor de la reforma introducida, se colige lo siguiente:
a- Que la identidad entre el fiduciante o fideicomitente y el fideicomisario, aún cuando éste no sea único, es decir, que se ejerza junto con otras personas, queda prohibida. E igual regla aplica para el caso de que sean varios los fideicomitentes.
b- Que la exención tributaria que existía para la inscripción de muebles dados en fideicomiso fue derogada, razón por la que a partir del 28 de setiembre del 2012, el traspaso fiduciario de estos bienes está afecto a la totalidad del pago de timbres y aranceles registrales, así también al Impuesto a la Transferencia de la Propiedad, establecido en el artículo 13 de la Ley No 7088 de 30 de noviembre de 1987. La exención se mantiene únicamente cuando el fiduciario traspase los bienes al fideicomitente original.
c- Los fideicomisos que en razón del patrimonio fideicometido, integrado bienes muebles inscribibles, fueron constituidos en escritura pública y que fueron otorgados antes de la entrada en vigencia de la Ley No 9069 – dado que a la misma no se le puede dar efecto retroactivo – podrán inscribirse sin cancelar el Impuesto de Transferencia a la Propiedad, no obstante, si fueron presentados al Diario del Registro después de la vigencia de la Ley, deberán pagar los montos correspondientes a derechos y timbres registrales, pues en estos tributos el hecho generador de la obligación tributaria lo constituye la presentación del documento al Registro y no el otorgamiento de la escritura.” (Tomado textual de la Circular DRBM-CIR-OO4-2012. Resaltados en color no son del original)

La circular manifiesta claramente a partir del día 28, el traspaso fiduciario de los bienes muebles dados en fideicomiso, quedan obligados a la totalidad del pago de timbres y aranceles necesarios para ser inscritos en el Registro Nacional del país. Sin embargo esta exención se mantendrá solo cuando el fiduciario traspase los bienes al fideicomitente original.

Sin duda alguna estos cambios deberán ser tomados en cuenta en el momento que se requiera realizar un fideicomiso, ya sea de inversión, testamento, de administración o de garantía.

Lic. Federico Carrera R.
Bufete Rivas Rios & Asociados
www.rivasriosabogados.weebly.com
Dir. Ejecutivo AFODCIL
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(506) 2255-2452


jueves, 16 de agosto de 2012

PROYECTO DE LEY DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA EN COSTA RICA


Existe en Costa Rica una propuesta para agregar un artículo 20 Bis, al Código de Comercio costarricense con el fin de crear una norma del levantamiento del velo de la personalidad jurídica, provocando diversos criterios al respecto. Como lo mencionaba en el artículo sobre el tema, que escribí anteriormente, algunos sectores consideran necesaria una mejor regulación de los momentos jurídicos por los cuales deba levantarse el velo de la personalidad jurídica.

La iniciativa pretende incorporar expresamente en el ordenamiento jurídico costarricense la figura del levantamiento del velo de la personalidad jurídica, con la finalidad de evitar los fraudes y abusos que a menudo se cometen mediante el uso abusivo de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles, en perjuicio de los derechos de las y los habitantes de Costa Rica.

Sin embargo es necesario tomar que cuenta que nos fácil establecer una norma, mediante proyectos de ley, una norma específica para levantamiento del velo en cada una de las ramas del derecho, ya sea familia, laboral, o comercial entre otras. La discusión planteada a nivel costarricense establece muchas variables, por lo que es necesario tratar cada rama por separado si se quisiera definir una norma para cada una de ellas.

Por otro lado, existe la posición de que el sistema jurídico costarricense ya funciona de manera adecuada para decidir cuando debe levantarse el velo social en las personas jurídicas, aspecto que al día de hoy queda en manos de los jueces de la República. En muchos de los casos los jueces toman como norma para realizar el levantamiento del velo el artículo 20 del Código Civil de Costa Rica, el cual regula todo lo referente al fraude de Ley.

Igualmente, la jurisprudencia costarricense ha regulado que el levantamiento del velo debe darse cuando ocurran los casos establecidos en el artículo 22 del mismo código civil, el cual se refiere al abuso del derecho y las circunstancias en que se determina la existencia de este abuso. Estas normas se van a ver acompañadas de normas establecidas en la mayoría de las ramas del derecho hay normas que complementan lo establecido en el código civil y lo referido al abuso del derecho y fraude de ley. Por ejemplo, en algunas materias específicas como la tributaria (Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.o 4755, artículos 8 y 17) y la defensa del consumidor (Ley N.o 7472, artículos 32 y 67) se encuentra normativa de aplicación general que permite la desestimación de tales atributos cuando sean utilizados abusivamente. También existen normas en otras disciplinas que regulan formas puntuales de levantamiento del velo, tales como las disposiciones referentes a los grupos de interés económico dedicados a la actividad financiera (Ley Orgánica del Banco Central, N.o 7558, artículos 141 a 150) o del mercado de valores (Ley Reguladora del Mercado de Valores, No 7732, artículos 30, 54, 55, 71 y 72) o a las prohibiciones para contratar con sociedades vinculadas con funcionarios públicos en materia de contratación administrativa (Ley N.o 7494, artículos 22, incisos c y e) o para otorgar concesiones mineras a sociedades vinculadas con aquellos (Código de Minería, Ley N.o 6797, artículo 29), entre otras.

Sin embargo, en Costa Rica, la base para realizar el levantamiento del velo de las personas jurídicas se basa en los artículos antes mencionados del código civil complementado por el criterio del juez, ya sea de familia, civil, de trabajo o en materia comercial quien determine cuando debe realizarse esta acción. Aunque los que critican esta forma de determinar cuando debe levantarse el velo social, y promueven que exista una ley especifica que regule el levantamiento del velo de las personas jurídicas, deben admitir que el sistema utilizado hasta el día de hoy, ha dado resultados durante un largo tiempo en el sistema jurídico costarricense. Inclusive existen muchos ejemplos de como esta situación jurídica, ocurre no solo en la jurisdicción costarricense, sino también en la de países con grandes movimientos comerciales, como los es por ejemplo los Estados Unidos.

Pocos países presentan normativa expresa que regule la aplicación general de la desestimación de la personalidad jurídica determinando los supuestos en los que esta procede. En América Latina, son excepciones a esta regla Argentina (Ley de Sociedades Comerciales, N.o 19.550, artículo 54) y Uruguay (Ley de Sociedades Comerciales, N.o 16.060, artículos 189 y 190) que sí cuentan con un importante desarrollo legislativo sobre la materia. En otras naciones la legislación contempla, con sus variantes, algunos casos específicos de levantamiento velo, como por ejemplo, en sociedades de un solo socio (España, Inglaterra, Italia), de grupos de sociedades (Alemania, Portugal), o en materias como la tributaria, la defensa del consumidor e incluso la ambiental.

El artículo que se quiere incluir al Código de Comercio establece lo siguiente:

Artículo 20 bis.-

Podrá prescindirse de la personalidad jurídica de las sociedades reguladas en este Código, cuando estas sean utilizadas en fraude de ley, como un mero recurso para violar la ley y el orden público o para frustrar derechos de terceros. En tales casos, las actuaciones y obligaciones de la sociedad se imputarán directamente a sus socios o controlantes, quienes serán solidariamente responsables con esta.

La desestimación de la personalidad jurídica solo producirá efectos respecto del caso concreto en que sea declarada. En ningún caso podrá afectar a terceros de buena fe.

Lo dispuesto se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades personales civiles y penales de los participantes en los hechos, según el grado de su intervención y conocimiento de ellos.

El artículo es muy escueto si se toman en cuenta todas las variables que existen en las personas jurídicas, las cuales no son tomadas en cuenta dentro del artículo en cuestion. Por ejemplo uno de los aspectos que mas ha sido cuestionado es que la propuesta no establece diferencias de responsabilidad entre los diferentes accionista de una sociedad anónima, recordemos que existen dentro de una misma sociedad acciones comunes y acciones preferentes, lo cual no hace separación entre la responsabilidad que pueda tener uno de los fundadores de una gran compañía del que simplemente está invirtiendo en ella con una acción, aspecto sumamente importante en las asociaciones comerciales internacionales utilizadas actualmente.

Otro de los aspectos que se le cuestionan es que el artículo se pretende incluir dentro del Código de Comercio, lo que provoca que materias como el derecho laboral y derecho de familia entre otras, no tengan la opción de utilizar este norma, siendo que los jueces de estas ramas del derecho tendrán que seguir utilizando su criterio y lo regulado específicamente en dichas materias y lo establecido en la jurisprudencia.

Estos cuestionamientos deberán ser tomados en cuenta si finalmente el país se decide a establecer una norma específica que regule el momento jurídico en que debe levantarse el velo en las personas jurídicas. Sin embargo, se deben realizar estudios mas profundos de la materia, para definir si realmente es necesario una norma especifica, tomando en cuenta que durante décadas el sistema actual para determinar si se debe o no levantar el velo ha funcionado. Puede que no sea el sistema perfecto, pero se puede trabajar para que así sea.

Lic. Federico Carrera R.
Bufete Rivas Rios & Asociados
Dir. Ejecutivo AFODCIL
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miércoles, 1 de agosto de 2012

ACTUALIDAD DEL ARBITRAJE INTERNACIONAL EN AMERICA LATINA



Latinoamerica esta creciendo en materia comercial y de Derecho Comercial Internacional, eso es indudable, sin embargo, existen muchos campos como el arbitraje internacional en que es necesario seguir discutiendo y capacitándose, para provocar que la región de América Latina pueda participar activamente en la dinámica comercial y arbitral de todo el continente, logrando de alguna manera, ser una opción a nivel regional en la prestación de servicios de arbitraje internacional.

El pasado lunes 30 de Julio, en representación de la Asociación para el Fortalecimiento del Derecho Comercial Internacional en Latinoameria (AFODCIL), participamos del primer conversatorio de arbitraje internacional en la International Chamber of Commerce Costa Rica, con la valiosa exposición de la experta en arbitraje internacional Nicole Duclos, y los abogados Victor M. Garita y Roy Herrera, tratándose importantes temas del arbitraje internacional y arbitraje costarricense.

Junto con el tema de la necesidad de que Costa Rica trabaje para ser una opción para el arbitraje internacional, se expuso ampliamente un tema muy interesante concerniente a la intervención de las autoridades judiciales en los procesos arbitrales, relación que de una u otra manera debe ir de la mano si la situación jurídica así lo requiere, con el fin de lograr un laudo arbitral que no sea objetable.

Naciones como los Estados Unidos, país con un elevado comercio a nivel internacional, tiene una norma como la Federal Arbitration Act (FAA), en donde se establece la potestad a las cortes estadounidenses de tomar parte y decir en algunos temas de arbitraje, siempre y cuando existan algunos vacíos legales que no se hayan establecido en la clausula arbitral, como por ejemplo la jurisdicción del tribunal arbitral.

De acuerdo a lo que se maneja a nivel internacional mediante jurisprudencia y doctrina, son varias las etapas en que la jurisdicción de un país podría actuar en los procesos arbitrales, recordando siempre que los tribunales arbitrales tienen una vez establecidos toda la independencia para actuar.

Al inicio del arbitraje, respecto al cumplimiento del acuerdo arbitral, jurisdicción del tribunal arbitral (arbitrariedad) y finalmente constitución del tribunal arbitral (recusaciones). Por otra parte, la jurisdicción podrá participar durante el arbitraje, en cuestiones de medidas cautelares y obtención de pruebas. Y finalmente, la jurisdicción puede intervenir al término del arbitraje, en la anulación, reconocimiento y ejecución del laudo arbitral.

Aspectos como estos son tomados en cuenta en los diferentes ordenamientos jurídicos del mundo y América Latina sin embargo las jurisdicciones deben estar alertas a intervenir correctamente en las etapas, siempre y cuando, sea estrictamente necesario. América Latina está avanzando hacia una mejor aplicación y utilización de las clausulas arbitrales en los negocios, contratación e inversión, y aspira a ser referente. Países como Costa Rica, en los últimos años han redactado nuevas ley de arbitraje que estén adecuadas a la realidad comercial internacional y a los diversos negocios.

Sin embargo el proceso es lento y requiere de mucha preparación en el tema, existen países como los Estados Unidos en que tienen gran desarrollo de la doctrina y experiencia en materia arbitral internacional, elementos que son tomados en cuenta para las empresas de mayor envergadura al momento de establecer en una clausula arbitral y definir cual será el lugar donde se conformará el tribunal arbitral que resuelva la diferencia.

Latinoamerica debe ir demostrando paso a paso estar al día con temas como el mencionado y es imperante que existan espacios para la discusión y la formulación de normas que se adecuen correctamente a la realidad del arbitraje internacional. El continuo crecimiento comercial en la región así lo requiere, y a ello debemos responder.


Lic Federico Carrera R.
Director. Ejecutivo AFODCIL
federicocr10@gmail.com
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lunes, 11 de junio de 2012

COSTA RICA IMPULSA DESARROLLO DE NUEVA LEY DE MERCADO DE VALORES

Vicepresidente de la República firmó un decreto que declara de interés público el mercado de valores costarricense.Para finales del presente año, o a más tardar a inicios del 2013, el Gobierno prevé contar con un proyecto de reforma a la actual ley de mercado de valores.

Para ello, este jueves fue firmado por parte del vicepresidente de la República, Luis Liberman, un decreto que declara de interés público el mercado de valores costarricense. El documento tiene entre sus objetivos la mejora del acceso de los inversionistas al mercado y el aumento de las alternativas de inversión para las empresas y el sector público del país. 

“Vemos un mercado de valores que cada vez más va para atrás, se tienen cada vez menos emisores, un mercado búrsatil entregado a la banca y un Ministerio de Hacienda como su principal emisor. Los resultados de los últimos años no son aceptables y debemos abocarnos por un cambio”, señaló Liberman. 

Con el decreto se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo del Mercado de Valores el cual esta integrado por representantes del sector Público (Banco Central, Ministerio de Hacienda, Conassif, Superintendencia General de Valores) y privado del país (destaca Florida Ice & Farm).

El Consejo Nacional tendría como tarea diseñar, aprobar, implementar y evaluar un plan de ruta estratégica que lleve al cumplimiento de los intereses dados a conocer en el decreto.

 “Algunos cambios podrán hacerse con una simple regulación y otros solo podrán hacerse cambiando la Ley. Queremos un mercado que coadyuve al crecimiento de las empresas y por ende a la mejora en la competitividad del país”, señaló el vicepresidente.

El Banco Mundial y la Secretaría Técnica del Banco Central son otras de las entidades que estarán brindádole asesoría al Gobierno para los nuevos señalamientos.


Tomado de: elfinancierocr.com

martes, 5 de junio de 2012

LA ATRACCIÓN AL PROCESO ARBITRAL DE TERCEROS NO-SIGNATARIOS DE LA CLAUSULA ARBITRAL





En días pasados pudimos estar presentes en la charla en el Colegio de Abogados de Costa Rica sobre el tema de la extensión de la clausula arbitral a las partes no signatarias. La charla fue sumamente enriquecedora, pero el tema tiene muchas aristas que a mi parecer pudieron ser tratadas, sin embargo por la falta de tiempo, fue difícil entrar en detalles jurídicos de suma relevancia.

A nivel internacional, la extensión de la clausula arbitral a las partes no signatarias es un elemento procesal muy utilizado en la mayoría sistemas jurídicos, inclusive a nivel jurisprudencial, existen establecidas una serie de supuestos, que conforman estándares jurisprudenciales, por las cuales debería atraerse al proceso arbitral a terceros no signatarios del convenio que dio origen a la diferencia. Dichos supuestos son las siguientes:

A) Si esa parte es firmante de un contrato que hace referencia expresa y directa a la cláusula arbitral contenida en el otro contrato. Tal sería, por ejemplo, el caso en que a través de otro contrato o documento «asuma las obligaciones y derechos del firmante», o que se trate de un conocimiento de embarque u otro documento que contenga la cláusula arbitral y al que estuviera vinculado por principios generales de la legislación contractual (Incorporación por referencia).
B) Si su conducta indica que está aceptando someterse a arbitraje, por ejemplo, si participa en el proceso arbitral sin plantear objeciones a la jurisdicción de los árbitros (Asentimiento tácito).
C) Si existe, entre el firmante y el no-firmante, una relación de representación o agencia (Agencia).
D) Si la relación entre la matriz y su subsidiaria es suficientemente cercana como para justificar que se corra el velo societario (Penetración del velo societario).
E) Si puede quien alega no estar alcanzado por la cláusula arbitral tuvo previamente una conducta contradictoria con esa alegación (Estoppel).

Otro criterio utilizado dentro de la jurisprudencia internacional es la que postula una solución basándose en que la de controversias que tengan una interrelación tal que sea imposible separarlas. Esta interrelación debe ser un elemento demostrable, por la cual se pueda atraer a una parte no-signataria al proceso, pudiendo ocurrir, por ejemplo aún y cuando no exista un acuerdo arbitral entre ellas, para ventilar una controversia que involucra a dos partes que tienen, con una tercera, contratos interrelacionados que contienen cláusulas arbitrales idénticas.

Por otro lado, la doctrina también se ha manifestado al respecto, estableciendo ciertos supuestos por los cuales, se puede incluir a terceros no-signatarios al proceso arbitral, al mencionar que un acuerdo arbitral pueda considerarse extensivo a una sociedad no-firmante cuando ésta debe hallarse dentro de alguna de las siguientes situaciones:
 
A) Haber desempeñado un papel activo en las negociaciones de las cuales surgió el contrato en el que se incluyó la cláusula arbitral.
B) Estar involucrada, activa o pasivamente, en la ejecución del contrato.
C) Haber estado representada, efectiva o implícitamente, en el negocio jurídico.

Pese a que es amplia la jurisprudencia y la doctrina internacional que manifiesta la posibilidad de la atracción de un tercero no-signatario al proceso arbitral, en algunos países especialmente europeos, no se admite dicho elemento procesal arbitral. Por ejemplo es común que los tribunales ingleses resuelvan, en diversos procesos en los que se intentó atraer a un tercero no signatario del convenio, que la doctrina del grupo de sociedades «no es parte del derecho inglés» por lo que el tribunal rechazó atraer al mencionado sujeto no signatario.

En diversas resoluciones, como el manifestado por la English High Court, in re Peterson Farms Inc. v. C&M Farming Ltd., EWHC, 121, Comm., 4 february, 2004, la justicia inglesa anuló un laudo arbitral que había determinado la procedencia de una indemnización a favor de sociedades del Grupo C&M Farming, que no habían sido parte en el contrato que contenía la cláusula arbitral. La Corte estimó que la decisión de considerar los daños de quienes no habían firmado la cláusula arbitral no era sostenible conforme el derecho inglés, ya que la doctrina del grupo de sociedades no es parte de este derecho. Tampoco encontró justificación para invocar la existencia de una representación o «agencia» entre la firmante del contrato y las restantes empresas de su grupo.

Sobre este tema, latinoamerica tiene un ejemplo claro del manejo jurídico de la situación. El ejemplo se presenta en la jurisdicción peruana, en el artículo 14 de la ley de arbitraje peruana, en la cual se regula la situación de la extensión del convenio arbitral a las partes no-signatarias, permitiendo que el convenio de arbitraje se extienda a terceros en situaciones específicas:

Artículo 14.- Extensión del convenio arbitral

El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio esté relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos.

De acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, aunque se advierta que se requiera la comprobación de ciertas situaciones de hecho que califiquen como fraudulentas o abusivas, se mantiene judicialmente que el arbitraje puede ser aplicado incluso a sociedades que, siendo formalmente independientes, si se ha comprobado que integran un patrimonio común y una voluntad común, de manera que, de no mediar fraude o abuso de derecho, sus bienes y actividades habrían sido simplemente patrimonio de la sociedad signataria demandada. Toda vez que estas empresas escondidas tras el velo societario podrían no haber existido y sus activos habrían sido parte de la empresa principal que contiene la disposición sobre arbitraje. 

Claro está que la carga de la prueba corresponderá a los accionistas demandantes quienes  deberán aportar la prueba para lograr a terceros que no firmaron el contrato que dio origen al conflicto entre las partes signatarias.

Pese a que Costa Rica se encuentra en continua actualización y formación jurídica, el tema del arbitraje, y en específico la atracción de terceros al convenio arbitral, es un tema, es de alguna manera un campo por estudiar mas a fondo.

Mientras que en Perú se establece de manera muy clara, la posibilidad de que extienda a terceros no-signatarios el clausula arbitral estableciendo un artículo especifico para ello, en Costa Rica la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (RAC) no ha sido tan clara.

Dentro su articulado referente al arbitraje la ley RAC, otorga un libre accionar al tribunal arbitral para uso de las leyes costarricenses, así como los usos y las costumbres aplicables al caso para atraer a un tercero no- signatario del convenio, al proceso arbitral, (Art. 22 Ley RAC), sin embargo, es necesaria un norma mas específica y menos amplia, para evitar diferencia de opiniones, y  de soluciones a una controversia.

Este vació legal en la ley RAC costarricense, ha provocado que exista diferencia de criterios entre las decisiones tomadas en algunas ocasiones para hacer extensiva la cláusula a terceros tomadas por los tribunales arbitrales y la Sala Primera, quien en muchas ocaciones ha hecho valer la ley, estableciendo, que solo las partes signatarias del convenio firmado originariamente, sean las que participen del proceso arbitral.

Por lo tanto, aunque puede ser un proceso largo, debe ser importante para la jurisdicción costarricense el incluir dentro de la ley Rac, la norma clara y concisa, que establezca la posibilidad de los tribunales de arbitraje de hacer extensiva la clausula arbitral a terceros no-signatarios, siempre que la situación lo requiera, tal como la jurisprudencia internacional y la doctrina han ido señalando. Lo anterior con el fin de evitar los posibles vacíos legales y diferencias de criterios en el momento de resolver si un tercero ajeno a la clausula arbitral debería o no ser parte del proceso arbitral


 -Licenciado Federico Carrera R.
-Asesor Legal en Derecho Comercial
-Dir. Ejecutivo de la Asociación para la Promoción
de Nuevas Alternativas de Desarrollo Costa Rica.
-www.apronadcr.org
-Tel: (506) 2255 2452
-email: federicocr10@gmail.com

jueves, 19 de abril de 2012

La OMC sólo se pronunciaría en el caso de YPF si la UE presenta una demanda


La Organización Mundial del Comercio (OMC) solo podría pronunciarse sobre la expropiación por el Gobierno argentino de la petrolera YPF, controlada por el grupo español Repsol, si la Unión Europea plantease una demanda.

Así lo indicaron hoy en declaraciones a Efe fuentes la OMC al ser preguntadas sobre los planes anunciados hoy por la presidenta argentina, Cristina Fernández, de expropiar el 51 % del patrimonio de la petrolera YPF.

Las fuentes consultadas por Efe explicaron que la OMC no es competente en esta materia y que solo se pronunciaría en el caso de una demanda comercial ante el Órgano de Solución de Disputas (OSD), que tendría que plantear la Unión Europea (UE) y cuyo proceso se prolongaría más de un año.

Recordaron que la OMC es una organización a la que acuden los Estados miembros para tratar de arreglar sus diferencias comerciales y que este caso no se trata de eso, sino de un problema de protección de inversiones.

Las diferencias, recordaron, se plantean cuando uno de los Estados miembros considera que otro infringe un acuerdo o un compromiso contraído en el marco de la OMC, algo que en el caso de Argentina no incluye la protección de inversiones.

Sobre la posibilidad de que España pudiera adoptar represalias, las fuentes señalaron que en ningún paso podrían tener una naturaleza comercial, como la subida de aranceles o la imposición de obstáculos a la importación de productos, porque estaría vulnerando los compromisos de la UE, que actúa con una sola voz en la OMC.

Argentina fue protagonista en la OMC hace dos semanas, cuando fue acusada por algunos de sus socios comerciales de estar aplicando y ampliando una serie de medidas proteccionistas que dificultan gravemente las importaciones y que cada vez afectan a más productos.

Preocupados por esa situación, que observan desde 2008, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Australia, Israel, Corea, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Taiwán, Tailandia y Turquía emitieron una declaración conjunta para detallar la naturaleza y efectos de las medidas restrictivas del comercio de las que acusan a Argentina.

Entre las medidas más perjudiciales, citaron el uso extensivo de las licencias de importación no automáticas, así como la necesidad de pre-registrar y conseguir aprobación previa para todas las importaciones que llegan a las aduanas argentinas.

Desde hace unos cuatro años, el país sudamericano ha ido ampliando la lista de productos sujetos a ese tipo de licencias, que actualmente incluye bienes como computadoras portátiles, electrodomésticos, químicos, automóviles, maquinarias, textiles y papelería, indicaron estos países en una declaración conjunta.

Según las normas de la OMC que regulan la emisión de licencias no obligatorias, éstas deben procesarse en un periodo de 60 días, pero los países firmantes aseguraron que ese plazo se supera con creces y que muchas compañías han informado de demoras de seis meses o más.

Asimismo, denunciaron que desde febrero pasado el Gobierno argentino aplica un sistema de registro previo, revisión y aprobación de cada transacción relacionada con una importación.

Argentina rechazó la acusación, considerando que no se apoya en datos objetivos y que tiene un trasfondo político.

http://www.expansion.com/

miércoles, 18 de abril de 2012

REPSOL ANUNCIA QUE PLANTEARÁ DENUNCIA ANTE EL CIADI EN CONTRA DE ARGENTINA


Este martes el presidente de Repsol, Antonio Brufau, anunció que llevará a Argentina ante el Tribunal Internacional de Arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un instrumento de resolución de conflictos del Banco Mundial.

La doctora Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional Pública y Relaciones Internacionales en le Universidad Complutense de Madrid, señala que si fracasa el camino del diálogo, el Estado español también puede paralelamente iniciar gestiones para llevar el caso ante un arbitraje internacional, basándose en el "incumplimiento de un convenio bilateral", agregando que se trata de una acción "discriminatoria" porque sólo afectó a los intereses españoles en YPF.

Tanto Repsol como el Estado español pueden argumentar que el gobierno argentino vulneró los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) firmados por ambos países.

Brufau indicó que la petrolera reclama que Argentina le pague cerca de US$10.500 millones por su participación del 57,4% en YPF.

Ya existe un antecedente en el Ciadi de una situación semejante de disputa entre una empresa española y el gobierno argentino en el caso de Aerolíneas Argentinas.

Los antiguos dueños de la aerolínea, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, demandaron al gobierno argentino por la expropiación de la compañía a finales de 2008.

Los demandantes reclaman 1.100 millones de euros. Sin embargo, las demandas introducidas ante el Ciadi implican un largo proceso y el laudo arbitral aún no se ha producido.

http://www.bbc.co.uk

martes, 10 de abril de 2012

POSIBILIDAD DE RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL ANTE EL COBRO DE IMPUESTOS A LAS SOCIEDADES ANONIMAS EN COSTA RICA


Con la entrada en vigencia de la nueva ley de impuestos a las sociedades anónimas en Costa Rica, se han dado un conjunto de preguntas por parte de sus representantes legales, respecto a su responsabilidad dentro de la sociedad al momento de que dicha sociedad no pueda pagar los impuestos que establece la ley. 

Respecto a este tema, es muy clara la nueva ley al manifestar en su artículo cuarto, que los representantes legales serán solidariamente responsables con la sociedad por el no pago del impuesto. Sin embargo, dentro la misma ley, el transitorio IV establece una salida a los representantes para que esta responsabilidad no recaiga sobre ellos.

El transitorio manifiesta lo siguiente:

TRANSITORIO IV.


Para efectos de la aplicación de esta ley, y por un plazo de veinticuatro meses a partir de su entrada en vigencia, los representantes legales de las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera y empresas individuales de responsabilidad limitada que deseen renunciar a su cargo podrán hacerlo mediante comunicación por escrito al domicilio social registrado. Esta comunicación deberá posteriormente protocolizarse e inscribirse ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, con el fin de que la renuncia sea eficaz. El interesado deberá manifestar ante el notario la adecuada recepción de la comunicación en el domicilio social respectivo o, en su defecto, la causal que impidió su entrega efectiva.

Tal y como se observa, se otorga un plazo de dos años a todos los representantes legales de las sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera y empresas individuales de responsabilidad limitada para que mediante comunicación por escrito al domicilio social de la sociedad, presenten su renuncia y de esta forma evita la responsabilidad por el no pago de los impuestos.

Como se menciona, dicha comunicación deberá posteriormente protocolizarse e inscribirse en el Registro de Personas Jurídicas, con el fin de que resulte eficazmente publicitada, debiendo indicarse en el documento que el interesado en renunciar manifestó ante el Notario encargado de la protocolización, que dicha comunicación fue debidamente recibida en domicilio de la sociedad o bien la causa que impidió su entrega.
 
Esta reforma plantea una excepción a las disposiciones contenidas en el artículo 107 del Código Notarial, y conlleva la obligación del notario de conservar en el archivo de referencias copia del documento o comunicación de la renuncia del personero. Además, en virtud de la renuncia del o de los personeros, resulta innecesario el nombramiento de sus sustitutos.

Debido a este hecho, en el cual no resulta obligatorio el nombramiento del sustituto del representante legal ante la renuncia del mismo, existen temores sobre la posibilidad de que una gran cantidad de sociedades mercantiles se queden sin representantes legales, y la confusión procesal que esto podría generar.

Sin embargo una directriz de la Dirección de Registro de Personas Jurídicas de Costa Rica, número 002-2012 establece que para efectos de la adecuada representación, tratándose de sociedades anónimas, se entenderá como representantes legales, el Presidente y cualquier otro miembro o no de la Junta Directiva.

De acuerdo con lo establecido por esta directriz, se permite la renuncia de cualquier apoderado que no sea parte de la Junta Directiva, lo que asegura que pese a que ocurra la renuncia del representante legal, la sociedad anónima no quede sin un representante que responda por los actos de la sociedad, elemento importante a tomar en cuenta debido a la muy posible renuncia de un gran número de representantes legales, quienes evitarán ser responsables solidariamente ante el un cumplimiento en el pago de los impuestos a las sociedades anónimas.


-Licenciado Federico Carrera R.
-Asociado del Bufete Rivas Rios & Asociados
-Dir. Ejecutivo de la Asociación para la Promoción
de Nuevas Alternativas de Desarrollo Costa Rica.
-www.apronadcr.org
-Tel: (506) 2255 2452
federicocr10@gmail.com

martes, 20 de marzo de 2012

Incumplimiento del principio de publicidad frenaría nuevo Plan Fiscal en Costa Rica



Si por los fallos anteriores de la Sala IV se saca el día, la aprobación en primer debate del plan fiscal corre el peligro de ser anulada debido a que esta iniciativa no fue publicada antes en el diario oficial La Gaceta.

Los magistrados constitucionales ya han señalado como un error el incumplimiento del requisito de publicidad y, por esa causa, anularon el trámite de al menos dos expedientes en el Congreso.Esta falta es, precisamente, el punto central de una objeción que diputados de la oposición presentaron en contra de la reforma tributaria, en una consulta enviada el pasado 14 de marzo a la Sala IV.

Los congresistas que adversan el plan de impuestos del Gobierno esperan que el alto tribunal aplique el mismo criterio que usó en el 2006 para frenar una iniciativa para regular las agujas residenciales y otra en el 2008 para facilitar la entrega de permisos para marinas. En ambos casos, los magistrados obligaron al Congreso a publicar los expedientes.

Según los opositores, el proyecto tributario que pretende disminuir el agujero fiscal del 5% del PIB correrá la misma suerte. En el caso del plan para regular agujas residenciales, los magistrados señalaron quese “violentó el principio de publicidad”, por lo que el plan resultó “ inconstitucional, y debe ser anulado”, según consta en el voto N.º 2006015486.

En cuanto al de atracaderos y marinas, los magistrados resolvieron en el fallo 2008-015760 que se “violentó un aspecto esencial”, “cuya omisión acarrea un vicio de inconstitucionalidad”. 

Cuatro veces dijeron no. A pesar de lo señalado por la Sala IV en el pasado, los legisladores dijeron “no” en las cuatro oportunidades que tuvieron para enviar el plan de impuestos a publicación. El pasado 1.° de diciembre, una moción del diputado José María Villalta pretendía la publicación del plan, pero fue rechazada con el voto negativo de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Acción Ciudadana (PAC).Ese día, tanto Villalta como el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Rodolfo Sotomayor, recalcaron a sus compañeros la necesidad de publicar el plan ante los cambios que sufrió en comisión.

Mes y medio después, el 16 de enero, Luis Fishman, del PUSC, presentó otra moción para publicarlo, pero también la rechazaron. Pasó otro mes y medio, y esa vez fueron el PLN y el PAC los que propusieron eliminar mociones al plan fiscal, como parte de una reforma al artículo 208 bis. La iniciativa incluía volver a publicar todo el plan de impuestos, pero esta vez la rechazó la oposición.

Esta propuesta se repitió el pasado 1.° de marzo, pero de nuevo fue rechazada.

nacion.com